Una tragedia familiar y comunitaria sacudió la comuna de Colina, en la Región Metropolitana, durante la madrugada del lunes 13 de julio. Un incendio estructural de rápida propagación cobró la vida de dos hermanos, de 11 y 3 años, además de destruir por completo 12 viviendas pareadas y dejar múltiples personas heridas. El trágico suceso tuvo lugar en la calle Puerto de Palos, dentro de la Villa Las Américas. Según los informes preliminares de los equipos de emergencia, el fuego se originó por el recalentamiento de un aparato calefactor en una vivienda, extendiéndose rápidamente a las casas contiguas debido al material de construcción. El menor de 11 años falleció inmediatamente a causa del incendio, mientras que su hermana de 3 años estuvo desaparecida durante varias horas hasta ser encontrada sin vida entre los escombros. El comandante del Cuerpo de Bomberos Colina-Lampa, Alejandro Parada, confirmó la trágica noticia: “Hay dos menores de edad declarados fallecidos; serían hermanos…”. El combate contra las llamas presentó dificultades logísticas para los Bomberos que acudieron al lugar. Tanto Carabineros como los voluntarios reportaron problemas con el suministro secundario de agua en la comuna, lo que complicó las labores de extinción. El mayor Alberto Pérez López, comisario de la 8ª Comisaría de Colina, explicó que los camiones bomberiles tuvieron dificultades para obtener agua de los grifos al llegar al lugar. El comandante Parada corroboró esta información al señalar que “los grifos no tenían potencia de agua”, lo que obligó a utilizar camiones aljibe adicionales para controlar el incendio. El traslado de los heridos a centros médicos fue supervisado por el seremi de Seguridad Pública, Juan Barrientos. Entre los lesionados prioritarios se encuentra la madre de los niños fallecidos y otro niño de 7 años. A pesar del impacto y las quemaduras sufridas, se informó que ninguna persona corre riesgo vital en los hospitales locales. Las causas exactas del incendio y el fallo en el suministro de agua serán investigadas por la fiscalía local y los departamentos técnicos correspondientes para esclarecer lo sucedido. Fuente: Publimetro
Una investigación periodística publicada por el medio independiente CIPER expuso detalladamente que la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji) mantiene en sus funciones a una educadora de párvulos que fue sancionada por destruir registros institucionales clave relacionados con las lesiones corporales severas de un niño de casi dos años, quien luego fue víctima de abuso sexual y homicidio en 2022. Según el reportaje de CIPER, la funcionaria ahora es directora en otro recinto de educación parvularia en la Región Metropolitana. Anteriormente, fue suspendida por tres meses y se le redujo su remuneración tras eliminar intencionalmente registros sobre las lesiones del menor antes de su muerte. La investigación revela que varias trabajadoras detectaron moretones en el niño, pero la directora subrogante no realizó la denuncia correspondiente, omitiendo los protocolos de resguardo establecidos por el Estado. Tras la muerte del niño, la funcionaria acudió al jardín infantil para destruir un documento oficial y ordenó modificar el registro original, argumentando que la descripción de las lesiones era muy fuerte. A pesar de las faltas graves, la Junji decidió no destituirla. La institución afirmó que el procedimiento disciplinario concluyó y que se actualizaron los protocolos para casos similares desde 2024. En el ámbito judicial, la abuela del niño presentó una querella contra la profesional por infidelidad en la custodia de documentos públicos. La causa penal terminó con una suspensión condicional del procedimiento para la directora, quien debe cumplir con medidas como firmar mensualmente durante un año y ofrecer disculpas públicas a la familia afectada. Tanto la madre como el padrastro del menor fueron detenidos en 2022; este último fue encontrado muerto en su celda dos días después. Fuente: Publimetro
La polémica en torno al Programa de Reunificación Familiar para ciudadanos haitianos sumó un nuevo capítulo luego de que una de las personas mencionadas en el preinforme de la Contraloría General de la República decidiera hablar públicamente. Se trata de Jean Roose Shamma, una ciudadana haitiana residente en Chile que apareció en los registros como acompañante de decenas de menores que ingresaron al país en vuelos organizados bajo este mecanismo migratorio. El caso salió a la luz tras la publicación de un informe preliminar que detectó una serie de irregularidades y falencias en la coordinación entre el Servicio Nacional de Migraciones (SERMIG), la Policía de Investigaciones (PDI) y la Subsecretaría de la Niñez. Entre los antecedentes revelados, se indicó que cientos de menores ingresaron a Chile acompañados por un reducido número de adultos responsables, situación que generó preocupación y motivó diversas diligencias de investigación. En conversación con T13 Central, Jean Roose Shamma defendió su participación en estos viajes y aseguró que siempre actuó dentro del marco legal, con el objetivo de colaborar con familias haitianas que no contaban con los recursos para viajar a buscar a sus hijos. “Lo hice para ayudar a la comunidad haitiana en Chile. Hay muchas personas que no tienen la posibilidad de viajar. Como madre lo hice. Nos juntamos con otro amigo haitiano para viajar y poder ir a buscar a los niños. Llegamos con todos los niños con los documentos al día y legales. Eso me molesta, porque no estaba haciendo nada ilegal”, afirmó. El preinforme de Contraloría también señaló que, de una muestra de 105 menores visitados durante una fiscalización, 64 no pudieron ser ubicados inicialmente en los domicilios registrados. Sin embargo, esa situación cambió durante esta semana, luego de que la PDI informara que todos los niños fueron encontrados tras las diligencias de búsqueda realizadas a raíz del informe. Otro de los antecedentes que llamó la atención fue que 486 menores ingresaron al país acompañados por solo 12 adultos. Dentro de ese contexto figura el nombre de Jean Roose Shamma, quien explicó que el 5 de abril de 2025 arribó a Chile en un vuelo chárter junto a 34 niños. Posteriormente realizó otro viaje con dos menores y aseguró que su última participación ocurrió en febrero de este año. Según relató, los niños tenían entre 8 y 17 años y pertenecían a familias que ella conocía previamente. Además, negó haber obtenido beneficios económicos por desempeñar ese rol. “No. Esto lo hago gratis. Ese tiempo en que fui a buscar niños no estaba trabajando. Cuando fui el 2024 y 2025 no estaba trabajando. (Los padres) solo me pagan los pasajes”, sostuvo. La mujer también explicó que los viajes se organizaban mediante distintas agencias que coordinaban los vuelos chárter debido a la inexistencia de rutas comerciales directas. “Como no hay vuelo comercial, uno no puede comprar pasajes directamente. Las agencias las juntaron como comunidad. Hay varias agencias. (...) ¿Yo en cuál viajé? Como te explico, cuando hicieron el vuelo charter, no había una agencia, porque había como 6-7 agencias involucradas para que el vuelo se pudiera hacer”, señaló. Por su parte, su abogado, Felipe Santander, aseguró que su representada está disponible para colaborar con las indagatorias que desarrolla el Ministerio Público. “Estas personas están muy complicadas con esta situación, puesto que ellos desde su perspectiva no han cometido delitos, con los papeles en regla, en coordinación con su grupo familiar para poder participar del proceso de reunificación con sus familias”, indicó. El defensor también descartó cualquier motivación económica detrás de estos traslados. “Descarto absolutamente que haya un negocio, nadie está lucrando con esto. Solo están ayudando a su comunidad de haitianos porque no se pueden costear los traslados”, afirmó. Las declaraciones se conocen en medio de una investigación que continúa avanzando. Durante esta misma jornada, dos ciudadanos haitianos fueron formalizados por los delitos de tráfico ilícito de migrantes y lavado de activos en una causa liderada por la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, que busca esclarecer posibles irregularidades asociadas a los procesos de reunificación familiar realizados en los últimos años. Fuente: Publimetro
Según un estudio realizado por World Vision Chile en comunas de alta vulnerabilidad en Chile, el 51,6% de niños, niñas y adolescentes afirmó que se siente inseguro en su propio barrio, o solo a veces se siente seguro. El levantamiento se llevó a cabo entre octubre y diciembre de 2025, mediante 405 encuestas y grupos focales en Cerro Navia, Alto Hospicio, Coronel y Temuco. Las principales preocupaciones expresadas por los participantes incluyen la violencia en espacios públicos, el consumo de drogas, los robos, las balaceras y el deterioro urbano. Se destaca que lugares como plazas, calles y espacios comunitarios ya no son percibidos como seguros para jugar o descansar. Algunos niños señalaron: No nos sentimos seguros en las plazas ni en las calles cerca de la casa. Además, se mencionó la necesidad de recuperar espacios de encuentro. Necesitamos más espacios para jugar, descansar y sentirnos tranquilos, fue otra de las frases recogidas en el estudio. El informe revela que tanto el hogar como la escuela siguen siendo los espacios más seguros para la niñez, con menciones del 81% y 78%, respectivamente. Sin embargo, se advierten tensiones crecientes en esos entornos. Otro dato relevante es que 1 de cada 2 niños nunca ha recibido talleres o información sobre protección y denuncia, mientras que un 36,37% no siempre sabe dónde acudir ante una vulneración o problema de seguridad. Lo preocupante es que niños y niñas crecen normalizando vivir con miedo, violencia y consumo de drogas en sus barrios, advirtió la directora ejecutiva de World Vision, Martha Yaneth Rodríguez. La organización concluye que la inseguridad barrial impacta la salud mental, la vida comunitaria y las oportunidades de desarrollo de la infancia. Por ello, plantea la necesidad de más seguridad en espacios públicos, programas deportivos accesibles, participación real y apoyo psicológico. Fuente: ADN Radio Nacional
El encuentro, organizado por Grupo Cetep y realizado en el Centro de Extensión UC, convocó a profesionales, educadores y familias, quienes participaron activamente en las exposiciones y mesas redondas centradas en el bienestar emocional de niños, niñas y adolescentes. Durante la jornada, los expertos coincidieron en que Chile enfrenta un escenario crítico en salud mental infanto-juvenil, marcado por el aumento de la ansiedad, la depresión y problemas conductuales. En ese contexto, la Dra. Mariana Labbé, speaker del seminario, psiquiatra y directora médica de Clínica MirAndes Manquehue, advirtió que “estamos frente a una generación con más estímulos que herramientas para gestionarlos”, enfatizando la necesidad de intervenir de manera oportuna. Uno de los focos principales del seminario fue el impacto de las pantallas en el desarrollo emocional en donde la Dra. Katerina Sommer profundizó en cómo la sobreexposición digital influye en el cerebro en desarrollo, mientras que el doctor en Psicología Felipe Lecannelier abordó el rol de la adversidad en la infancia. Por su parte, Arnaldo Canales destacó la urgencia de avanzar en educación emocional como una herramienta clave dentro del sistema educativo. En esta misma línea, la Dra. Macarena Gálvez, psiquiatra de Grupo Cetep abordó el rol de la arteterapia en la salud mental, relevando su aporte como herramienta complementaria para la expresión emocional y el bienestar psicológico. El encuentro concluyó con un llamado transversal a avanzar desde el diagnóstico hacia acciones concretas, integrando a la familia, la escuela y las políticas públicas como pilares clave para enfrentar esta crisis. Desde la organización, la Dra. Claudia Barrera, médico psiquiatra y CEO de Grupo Cetep, valoró la convocatoria: “Estamos muy felices con la alta participación y el interés por abordar esta temática. Este seminario refleja una realidad urgente: uno de cada tres niños y adolescentes presenta problemas de salud mental. Pero también demuestra que existe una necesidad concreta de orientación y apoyo. El desafío ahora es que podamos salir con herramientas prácticas que permitan a familias, educadores y comunidades enfrentar esta crisis de manera oportuna”.
Una tragedia familiar y comunitaria sacudió la comuna de Colina, en la Región Metropolitana, durante la madrugada del lunes 13 de julio. Un incendio estructural de rápida propagación cobró la vida de dos hermanos, de 11 y 3 años, además de destruir por completo 12 viviendas pareadas y dejar múltiples personas heridas. El trágico suceso tuvo lugar en la calle Puerto de Palos, dentro de la Villa Las Américas. Según los informes preliminares de los equipos de emergencia, el fuego se originó por el recalentamiento de un aparato calefactor en una vivienda, extendiéndose rápidamente a las casas contiguas debido al material de construcción. El menor de 11 años falleció inmediatamente a causa del incendio, mientras que su hermana de 3 años estuvo desaparecida durante varias horas hasta ser encontrada sin vida entre los escombros. El comandante del Cuerpo de Bomberos Colina-Lampa, Alejandro Parada, confirmó la trágica noticia: “Hay dos menores de edad declarados fallecidos; serían hermanos…”. El combate contra las llamas presentó dificultades logísticas para los Bomberos que acudieron al lugar. Tanto Carabineros como los voluntarios reportaron problemas con el suministro secundario de agua en la comuna, lo que complicó las labores de extinción. El mayor Alberto Pérez López, comisario de la 8ª Comisaría de Colina, explicó que los camiones bomberiles tuvieron dificultades para obtener agua de los grifos al llegar al lugar. El comandante Parada corroboró esta información al señalar que “los grifos no tenían potencia de agua”, lo que obligó a utilizar camiones aljibe adicionales para controlar el incendio. El traslado de los heridos a centros médicos fue supervisado por el seremi de Seguridad Pública, Juan Barrientos. Entre los lesionados prioritarios se encuentra la madre de los niños fallecidos y otro niño de 7 años. A pesar del impacto y las quemaduras sufridas, se informó que ninguna persona corre riesgo vital en los hospitales locales. Las causas exactas del incendio y el fallo en el suministro de agua serán investigadas por la fiscalía local y los departamentos técnicos correspondientes para esclarecer lo sucedido. Fuente: Publimetro
Una investigación periodística publicada por el medio independiente CIPER expuso detalladamente que la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji) mantiene en sus funciones a una educadora de párvulos que fue sancionada por destruir registros institucionales clave relacionados con las lesiones corporales severas de un niño de casi dos años, quien luego fue víctima de abuso sexual y homicidio en 2022. Según el reportaje de CIPER, la funcionaria ahora es directora en otro recinto de educación parvularia en la Región Metropolitana. Anteriormente, fue suspendida por tres meses y se le redujo su remuneración tras eliminar intencionalmente registros sobre las lesiones del menor antes de su muerte. La investigación revela que varias trabajadoras detectaron moretones en el niño, pero la directora subrogante no realizó la denuncia correspondiente, omitiendo los protocolos de resguardo establecidos por el Estado. Tras la muerte del niño, la funcionaria acudió al jardín infantil para destruir un documento oficial y ordenó modificar el registro original, argumentando que la descripción de las lesiones era muy fuerte. A pesar de las faltas graves, la Junji decidió no destituirla. La institución afirmó que el procedimiento disciplinario concluyó y que se actualizaron los protocolos para casos similares desde 2024. En el ámbito judicial, la abuela del niño presentó una querella contra la profesional por infidelidad en la custodia de documentos públicos. La causa penal terminó con una suspensión condicional del procedimiento para la directora, quien debe cumplir con medidas como firmar mensualmente durante un año y ofrecer disculpas públicas a la familia afectada. Tanto la madre como el padrastro del menor fueron detenidos en 2022; este último fue encontrado muerto en su celda dos días después. Fuente: Publimetro
La polémica en torno al Programa de Reunificación Familiar para ciudadanos haitianos sumó un nuevo capítulo luego de que una de las personas mencionadas en el preinforme de la Contraloría General de la República decidiera hablar públicamente. Se trata de Jean Roose Shamma, una ciudadana haitiana residente en Chile que apareció en los registros como acompañante de decenas de menores que ingresaron al país en vuelos organizados bajo este mecanismo migratorio. El caso salió a la luz tras la publicación de un informe preliminar que detectó una serie de irregularidades y falencias en la coordinación entre el Servicio Nacional de Migraciones (SERMIG), la Policía de Investigaciones (PDI) y la Subsecretaría de la Niñez. Entre los antecedentes revelados, se indicó que cientos de menores ingresaron a Chile acompañados por un reducido número de adultos responsables, situación que generó preocupación y motivó diversas diligencias de investigación. En conversación con T13 Central, Jean Roose Shamma defendió su participación en estos viajes y aseguró que siempre actuó dentro del marco legal, con el objetivo de colaborar con familias haitianas que no contaban con los recursos para viajar a buscar a sus hijos. “Lo hice para ayudar a la comunidad haitiana en Chile. Hay muchas personas que no tienen la posibilidad de viajar. Como madre lo hice. Nos juntamos con otro amigo haitiano para viajar y poder ir a buscar a los niños. Llegamos con todos los niños con los documentos al día y legales. Eso me molesta, porque no estaba haciendo nada ilegal”, afirmó. El preinforme de Contraloría también señaló que, de una muestra de 105 menores visitados durante una fiscalización, 64 no pudieron ser ubicados inicialmente en los domicilios registrados. Sin embargo, esa situación cambió durante esta semana, luego de que la PDI informara que todos los niños fueron encontrados tras las diligencias de búsqueda realizadas a raíz del informe. Otro de los antecedentes que llamó la atención fue que 486 menores ingresaron al país acompañados por solo 12 adultos. Dentro de ese contexto figura el nombre de Jean Roose Shamma, quien explicó que el 5 de abril de 2025 arribó a Chile en un vuelo chárter junto a 34 niños. Posteriormente realizó otro viaje con dos menores y aseguró que su última participación ocurrió en febrero de este año. Según relató, los niños tenían entre 8 y 17 años y pertenecían a familias que ella conocía previamente. Además, negó haber obtenido beneficios económicos por desempeñar ese rol. “No. Esto lo hago gratis. Ese tiempo en que fui a buscar niños no estaba trabajando. Cuando fui el 2024 y 2025 no estaba trabajando. (Los padres) solo me pagan los pasajes”, sostuvo. La mujer también explicó que los viajes se organizaban mediante distintas agencias que coordinaban los vuelos chárter debido a la inexistencia de rutas comerciales directas. “Como no hay vuelo comercial, uno no puede comprar pasajes directamente. Las agencias las juntaron como comunidad. Hay varias agencias. (...) ¿Yo en cuál viajé? Como te explico, cuando hicieron el vuelo charter, no había una agencia, porque había como 6-7 agencias involucradas para que el vuelo se pudiera hacer”, señaló. Por su parte, su abogado, Felipe Santander, aseguró que su representada está disponible para colaborar con las indagatorias que desarrolla el Ministerio Público. “Estas personas están muy complicadas con esta situación, puesto que ellos desde su perspectiva no han cometido delitos, con los papeles en regla, en coordinación con su grupo familiar para poder participar del proceso de reunificación con sus familias”, indicó. El defensor también descartó cualquier motivación económica detrás de estos traslados. “Descarto absolutamente que haya un negocio, nadie está lucrando con esto. Solo están ayudando a su comunidad de haitianos porque no se pueden costear los traslados”, afirmó. Las declaraciones se conocen en medio de una investigación que continúa avanzando. Durante esta misma jornada, dos ciudadanos haitianos fueron formalizados por los delitos de tráfico ilícito de migrantes y lavado de activos en una causa liderada por la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, que busca esclarecer posibles irregularidades asociadas a los procesos de reunificación familiar realizados en los últimos años. Fuente: Publimetro
Según un estudio realizado por World Vision Chile en comunas de alta vulnerabilidad en Chile, el 51,6% de niños, niñas y adolescentes afirmó que se siente inseguro en su propio barrio, o solo a veces se siente seguro. El levantamiento se llevó a cabo entre octubre y diciembre de 2025, mediante 405 encuestas y grupos focales en Cerro Navia, Alto Hospicio, Coronel y Temuco. Las principales preocupaciones expresadas por los participantes incluyen la violencia en espacios públicos, el consumo de drogas, los robos, las balaceras y el deterioro urbano. Se destaca que lugares como plazas, calles y espacios comunitarios ya no son percibidos como seguros para jugar o descansar. Algunos niños señalaron: No nos sentimos seguros en las plazas ni en las calles cerca de la casa. Además, se mencionó la necesidad de recuperar espacios de encuentro. Necesitamos más espacios para jugar, descansar y sentirnos tranquilos, fue otra de las frases recogidas en el estudio. El informe revela que tanto el hogar como la escuela siguen siendo los espacios más seguros para la niñez, con menciones del 81% y 78%, respectivamente. Sin embargo, se advierten tensiones crecientes en esos entornos. Otro dato relevante es que 1 de cada 2 niños nunca ha recibido talleres o información sobre protección y denuncia, mientras que un 36,37% no siempre sabe dónde acudir ante una vulneración o problema de seguridad. Lo preocupante es que niños y niñas crecen normalizando vivir con miedo, violencia y consumo de drogas en sus barrios, advirtió la directora ejecutiva de World Vision, Martha Yaneth Rodríguez. La organización concluye que la inseguridad barrial impacta la salud mental, la vida comunitaria y las oportunidades de desarrollo de la infancia. Por ello, plantea la necesidad de más seguridad en espacios públicos, programas deportivos accesibles, participación real y apoyo psicológico. Fuente: ADN Radio Nacional
El encuentro, organizado por Grupo Cetep y realizado en el Centro de Extensión UC, convocó a profesionales, educadores y familias, quienes participaron activamente en las exposiciones y mesas redondas centradas en el bienestar emocional de niños, niñas y adolescentes. Durante la jornada, los expertos coincidieron en que Chile enfrenta un escenario crítico en salud mental infanto-juvenil, marcado por el aumento de la ansiedad, la depresión y problemas conductuales. En ese contexto, la Dra. Mariana Labbé, speaker del seminario, psiquiatra y directora médica de Clínica MirAndes Manquehue, advirtió que “estamos frente a una generación con más estímulos que herramientas para gestionarlos”, enfatizando la necesidad de intervenir de manera oportuna. Uno de los focos principales del seminario fue el impacto de las pantallas en el desarrollo emocional en donde la Dra. Katerina Sommer profundizó en cómo la sobreexposición digital influye en el cerebro en desarrollo, mientras que el doctor en Psicología Felipe Lecannelier abordó el rol de la adversidad en la infancia. Por su parte, Arnaldo Canales destacó la urgencia de avanzar en educación emocional como una herramienta clave dentro del sistema educativo. En esta misma línea, la Dra. Macarena Gálvez, psiquiatra de Grupo Cetep abordó el rol de la arteterapia en la salud mental, relevando su aporte como herramienta complementaria para la expresión emocional y el bienestar psicológico. El encuentro concluyó con un llamado transversal a avanzar desde el diagnóstico hacia acciones concretas, integrando a la familia, la escuela y las políticas públicas como pilares clave para enfrentar esta crisis. Desde la organización, la Dra. Claudia Barrera, médico psiquiatra y CEO de Grupo Cetep, valoró la convocatoria: “Estamos muy felices con la alta participación y el interés por abordar esta temática. Este seminario refleja una realidad urgente: uno de cada tres niños y adolescentes presenta problemas de salud mental. Pero también demuestra que existe una necesidad concreta de orientación y apoyo. El desafío ahora es que podamos salir con herramientas prácticas que permitan a familias, educadores y comunidades enfrentar esta crisis de manera oportuna”.
