El proyecto de ley conocido como “Escucha su corazón” ha generado controversia en diversos sectores políticos, sin embargo, la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Judith Marín, ha optado por no pronunciarse públicamente al respecto, dejando la decisión en manos del Congreso Nacional. En una entrevista en Emol TV, Marín comentó sobre la moción parlamentaria que busca que las mujeres y niñas escuchen los latidos del embrión o feto antes de acceder a un aborto legal: “Nosotros entendemos que esto es una moción parlamentaria radicada en la Comisión de Salud. Los parlamentarios serán los que se tienen que pronunciar al respecto. Por mi parte puedo recordar y señalar que ya existe una ley que regula esta materia”, afirmó la ministra. La propuesta, presentada por parlamentarios del Partido Nacional Libertario, Republicanos y Renovación Nacional, busca modificar el artículo 119 del Código Sanitario para incluir como requisito previo al aborto que la paciente escuche los latidos del feto si hay actividad cardíaca detectable. Sin embargo, lo polémico de la reforma es que, aunque se establece que la mujer puede rechazar escuchar los latidos, el médico cirujano estaría obligado a negarse a practicar el aborto si ella no accede. Esto convierte la audición en una condición restrictiva para recibir el procedimiento médico. A pesar de que inicialmente se planteó que la propuesta aplicaría a las tres causales vigentes en Chile, el diputado Urruticoechea confirmó que se excluyó la causal de riesgo vital de la madre. Sin embargo, la versión pública en el sitio web de la Cámara de Diputados aún conserva la redacción original restrictiva. Tanto desde la oposición como desde el oficialismo se considera que esta medida representa un retroceso en los consensos sanitarios del país. La exministra Karla Rubilar expresó que imponer este tipo de requisitos “desvirtúa la ley, aumenta el sufrimiento y es un grave retroceso”, anticipando una compleja batalla legislativa cuando la Comisión de Salud inicie las votaciones. Fuente: Publimetro
Un intenso debate político y jurídico ha surgido en el Congreso luego de la presentación formal, el 7 de julio de 2026, de un proyecto de ley que busca imponer nuevas barreras al acceso al aborto legal en Chile. La propuesta, conocida como “Escucha su corazón”, busca modificar el Código Sanitario para obligar a los médicos a ofrecer la escucha del latido fetal a mujeres y niñas antes de proceder con una interrupción voluntaria del embarazo, estableciendo que si la paciente rechaza este procedimiento, el profesional de la salud estará legalmente obligado a negar la prestación médica. Esta iniciativa ha generado preocupación en organizaciones de la sociedad civil y ha provocado una fuerte reacción por parte de la exministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana. En una carta pública, Orellana acusó que esta propuesta responde a agendas internacionales ajenas a la tradición jurídica local. “Siguiendo el guion de la ultraderecha colombiana y estadounidense, el diputado Urruticoechea ha presentado un proyecto que pretende obligar a quienes atienden a mujeres y niñas, en las causales de interrupción del embarazo por violación, inviabilidad fetal o riesgo vital, a escuchar el pulso del embrión“, expresó Orellana. La exministra recordó con dureza intervenciones anteriores del principal patrocinante del proyecto: “No insistiré con el caso de la violación, pues el propio diputado Urruticoechea ya dijo que a ellas el aborto no las ‘desviola’, con una falta de empatía brutal. ¿Realmente es necesario hacer eso a quien sabe que el fruto de su embarazo no sobrevivirá a escuchar? (...) Sorprende que mujeres concurran con su firma a ese acto que más que estar contra el aborto, está contra la más mínima humanidad“, enfatizó. El texto legislativo consta de seis páginas y cuenta con apoyo transversal de sectores conservadores. Los defensores argumentan que busca fortalecer los estándares del consentimiento informado basándose en leyes estatales de EE.UU., como las de Texas, Kentucky, Georgia, Misisipi y Arizona. Sin embargo, desde la Corporación Miles Chile, su directora ejecutiva Javiera Canales denunció que la estructura del proyecto desvirtúa completamente el principio de autonomía de las pacientes. “Si la mujer se niega a escuchar la actividad cardíaca embrionaria o fetal se ordena al médico rechazar la prestación. Esto no es consentimiento informado, es presión disfrazada de información (...) Esto es cruel, es revictimizante y es contrario a toda lógica de autonomía y dignidad. La Ley de 3 causales lleva nueve años vigente, si te preguntan ”¿Quieres escuchar su corazón?’ y la respuesta correcta es una sola, entonces no es una pregunta, es chantaje“, afirmó Canales. El debate también ha alcanzado el ámbito del derecho internacional. Análisis proporcionados por el Círculo de Estudios de Derecho Internacional de los Derechos Humanos (CEDIDH) advierten que si se aprueba esta norma, Chile podría incurrir en responsabilidad internacional por violar tratados vigentes y transgredir el mandato del Artículo 5, inciso segundo de la Constitución. De acuerdo con los marcos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, esta iniciativa choca directamente con jurisprudencia establecida por la Corte IDH en casos como I.V. Vs. Bolivia (2016), donde se exige ausencia total de coacción para validar un acto médico; y Artavia Murillo Vs. Costa Rica (2012), que reconoce la autonomía reproductiva como parte integral de la vida privada. Además, las agresiones emocionales impuestas a víctimas de agresiones sexuales contradicen los principios establecidos en la Convención de Belém do Pará para erradicar violencia institucional contra las mujeres. Especialistas en organizaciones como Miles resaltan que esta medida resulta “profundamente revictimizante” e ignora las prácticas clínicas diarias establecidas por la Ley 20.030. En casos donde existe riesgo para la vida materna o malformaciones congénitas letales, las pacientes suelen recibir diagnósticos en etapas avanzadas del embarazo, habiendo pasado por múltiples ecografías previas. Obligarlas a repetir esta experiencia emocional como requisito administrativo es considerado por defensores de derechos humanos como un mecanismo institucionalizado para hostigar y ralentizar un derecho otorgado por el Congreso Nacional hace casi una década. Fuente: Publimetro
La ministra de la Mujer, Judith Marín , ha afirmado que no se realizarán modificaciones a la ley de aborto en tres causales durante la administración del Presidente José Antonio Kast. En declaraciones realizadas el viernes 8 de mayo, Marín también descartó la posibilidad de avanzar en una ley de aborto libre. En una entrevista con radio Cooperativa , la ministra afirmó: “Lo que está ya está legislado. Chile ya tuvo una discusión al respecto, los parlamentarios de la época también discutieron al respecto, emitieron su opinión y así también Chile ya zanjó esta materia. Existe también una legislación al respecto y, en ese sentido, lo entendemos. Estamos enfocados en avanzar en las prioridades que nos hemos trazado: empleo, prevención de la violencia contra las mujeres y también en el ámbito social”. Marín enfatizó que la prioridad de su cartera es impulsar la agenda del gobierno del Presidente José Antonio Kast. Además, se refirió a las preocupantes cifras de desempleo femenino, que actualmente rondan el 10%. “Tenemos que avanzar fuertemente en la incorporación de las mujeres al empleo. Tuvimos un Gobierno que se dijo feminista pero que nos heredó una cifra de desempleo que para mí me parece, de verdad, muy preocupante y quiero avanzar en esta materia: en que las mujeres puedan incorporarse al mundo laboral”, expresó Marín. La ministra también anunció que se buscará avanzar en el proyecto de sala cuna universal, con el objetivo de presentar las modificaciones antes del 15 de junio. Fuente: Publimetro
El proyecto de ley conocido como “Escucha su corazón” ha generado controversia en diversos sectores políticos, sin embargo, la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Judith Marín, ha optado por no pronunciarse públicamente al respecto, dejando la decisión en manos del Congreso Nacional. En una entrevista en Emol TV, Marín comentó sobre la moción parlamentaria que busca que las mujeres y niñas escuchen los latidos del embrión o feto antes de acceder a un aborto legal: “Nosotros entendemos que esto es una moción parlamentaria radicada en la Comisión de Salud. Los parlamentarios serán los que se tienen que pronunciar al respecto. Por mi parte puedo recordar y señalar que ya existe una ley que regula esta materia”, afirmó la ministra. La propuesta, presentada por parlamentarios del Partido Nacional Libertario, Republicanos y Renovación Nacional, busca modificar el artículo 119 del Código Sanitario para incluir como requisito previo al aborto que la paciente escuche los latidos del feto si hay actividad cardíaca detectable. Sin embargo, lo polémico de la reforma es que, aunque se establece que la mujer puede rechazar escuchar los latidos, el médico cirujano estaría obligado a negarse a practicar el aborto si ella no accede. Esto convierte la audición en una condición restrictiva para recibir el procedimiento médico. A pesar de que inicialmente se planteó que la propuesta aplicaría a las tres causales vigentes en Chile, el diputado Urruticoechea confirmó que se excluyó la causal de riesgo vital de la madre. Sin embargo, la versión pública en el sitio web de la Cámara de Diputados aún conserva la redacción original restrictiva. Tanto desde la oposición como desde el oficialismo se considera que esta medida representa un retroceso en los consensos sanitarios del país. La exministra Karla Rubilar expresó que imponer este tipo de requisitos “desvirtúa la ley, aumenta el sufrimiento y es un grave retroceso”, anticipando una compleja batalla legislativa cuando la Comisión de Salud inicie las votaciones. Fuente: Publimetro
Un intenso debate político y jurídico ha surgido en el Congreso luego de la presentación formal, el 7 de julio de 2026, de un proyecto de ley que busca imponer nuevas barreras al acceso al aborto legal en Chile. La propuesta, conocida como “Escucha su corazón”, busca modificar el Código Sanitario para obligar a los médicos a ofrecer la escucha del latido fetal a mujeres y niñas antes de proceder con una interrupción voluntaria del embarazo, estableciendo que si la paciente rechaza este procedimiento, el profesional de la salud estará legalmente obligado a negar la prestación médica. Esta iniciativa ha generado preocupación en organizaciones de la sociedad civil y ha provocado una fuerte reacción por parte de la exministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana. En una carta pública, Orellana acusó que esta propuesta responde a agendas internacionales ajenas a la tradición jurídica local. “Siguiendo el guion de la ultraderecha colombiana y estadounidense, el diputado Urruticoechea ha presentado un proyecto que pretende obligar a quienes atienden a mujeres y niñas, en las causales de interrupción del embarazo por violación, inviabilidad fetal o riesgo vital, a escuchar el pulso del embrión“, expresó Orellana. La exministra recordó con dureza intervenciones anteriores del principal patrocinante del proyecto: “No insistiré con el caso de la violación, pues el propio diputado Urruticoechea ya dijo que a ellas el aborto no las ‘desviola’, con una falta de empatía brutal. ¿Realmente es necesario hacer eso a quien sabe que el fruto de su embarazo no sobrevivirá a escuchar? (...) Sorprende que mujeres concurran con su firma a ese acto que más que estar contra el aborto, está contra la más mínima humanidad“, enfatizó. El texto legislativo consta de seis páginas y cuenta con apoyo transversal de sectores conservadores. Los defensores argumentan que busca fortalecer los estándares del consentimiento informado basándose en leyes estatales de EE.UU., como las de Texas, Kentucky, Georgia, Misisipi y Arizona. Sin embargo, desde la Corporación Miles Chile, su directora ejecutiva Javiera Canales denunció que la estructura del proyecto desvirtúa completamente el principio de autonomía de las pacientes. “Si la mujer se niega a escuchar la actividad cardíaca embrionaria o fetal se ordena al médico rechazar la prestación. Esto no es consentimiento informado, es presión disfrazada de información (...) Esto es cruel, es revictimizante y es contrario a toda lógica de autonomía y dignidad. La Ley de 3 causales lleva nueve años vigente, si te preguntan ”¿Quieres escuchar su corazón?’ y la respuesta correcta es una sola, entonces no es una pregunta, es chantaje“, afirmó Canales. El debate también ha alcanzado el ámbito del derecho internacional. Análisis proporcionados por el Círculo de Estudios de Derecho Internacional de los Derechos Humanos (CEDIDH) advierten que si se aprueba esta norma, Chile podría incurrir en responsabilidad internacional por violar tratados vigentes y transgredir el mandato del Artículo 5, inciso segundo de la Constitución. De acuerdo con los marcos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, esta iniciativa choca directamente con jurisprudencia establecida por la Corte IDH en casos como I.V. Vs. Bolivia (2016), donde se exige ausencia total de coacción para validar un acto médico; y Artavia Murillo Vs. Costa Rica (2012), que reconoce la autonomía reproductiva como parte integral de la vida privada. Además, las agresiones emocionales impuestas a víctimas de agresiones sexuales contradicen los principios establecidos en la Convención de Belém do Pará para erradicar violencia institucional contra las mujeres. Especialistas en organizaciones como Miles resaltan que esta medida resulta “profundamente revictimizante” e ignora las prácticas clínicas diarias establecidas por la Ley 20.030. En casos donde existe riesgo para la vida materna o malformaciones congénitas letales, las pacientes suelen recibir diagnósticos en etapas avanzadas del embarazo, habiendo pasado por múltiples ecografías previas. Obligarlas a repetir esta experiencia emocional como requisito administrativo es considerado por defensores de derechos humanos como un mecanismo institucionalizado para hostigar y ralentizar un derecho otorgado por el Congreso Nacional hace casi una década. Fuente: Publimetro
La ministra de la Mujer, Judith Marín , ha afirmado que no se realizarán modificaciones a la ley de aborto en tres causales durante la administración del Presidente José Antonio Kast. En declaraciones realizadas el viernes 8 de mayo, Marín también descartó la posibilidad de avanzar en una ley de aborto libre. En una entrevista con radio Cooperativa , la ministra afirmó: “Lo que está ya está legislado. Chile ya tuvo una discusión al respecto, los parlamentarios de la época también discutieron al respecto, emitieron su opinión y así también Chile ya zanjó esta materia. Existe también una legislación al respecto y, en ese sentido, lo entendemos. Estamos enfocados en avanzar en las prioridades que nos hemos trazado: empleo, prevención de la violencia contra las mujeres y también en el ámbito social”. Marín enfatizó que la prioridad de su cartera es impulsar la agenda del gobierno del Presidente José Antonio Kast. Además, se refirió a las preocupantes cifras de desempleo femenino, que actualmente rondan el 10%. “Tenemos que avanzar fuertemente en la incorporación de las mujeres al empleo. Tuvimos un Gobierno que se dijo feminista pero que nos heredó una cifra de desempleo que para mí me parece, de verdad, muy preocupante y quiero avanzar en esta materia: en que las mujeres puedan incorporarse al mundo laboral”, expresó Marín. La ministra también anunció que se buscará avanzar en el proyecto de sala cuna universal, con el objetivo de presentar las modificaciones antes del 15 de junio. Fuente: Publimetro
